
La UE propone actualizaciones en la exención del visado para los países que presentan “Preocupaciones de seguridad e infracciones de los derechos humanos”
En un comunicado de prensa emitido en marzo de 2025, el Comité de Libertades Civiles anunció que estaba adoptando una nueva postura sobre los cambios en la política de exención de visado. La propuesta ha sido ahora aprobada por el Comité de Libertades, Justicia y Asuntos Internos (LIBE, por sus siglas en inglés) del Parlamento Europeo, marcando otro paso adelante hacia la implementación de los cambios.
Los cambios propuestos suspenderán los visados de corta duración para los ciudadanos no pertenecientes a la UE debido a las preocupaciones por la seguridad y la infracción de los derechos humanos. Los ciudadanos con intención de viajar a la UE desde países con la suspensión de la exención de visado deberán solicitar, en su lugar, un visado oficial.
La noticia siguió a la votación de los miembros del Parlamento Europeo (MEP) en el Comité de Libertades Civiles, con 41 a favor, 10 en contra y 21 abstenciones. Si se aplican los cambios propuestos, los viajeros con acceso sin visado en la UE podrían estar suspendidos debido a preocupaciones vinculadas por amenazas híbridas y la continua infracción de los derechos humanos.
Los cambios sería una expansión de la lista actual de países ya suspendidos. Esto significa que el viaje sin visado podría suspenderse a ciudadanos debido a:
- La instrumentalización vinculada al estado de los emigrantes
- Los esquemas de ciudadanía por inversión, conocida como “Pasaportes dorados”
- Infracciones de la Carta de Naciones Unidas
- Brechas severas en los derechos humanos internacionales y las leyes humanitarias
- Fracaso a la hora de aplicar las sanciones de la UE
- Actos hostiles frente a estados miembros de la UE
Además, los MEP desean cambiar el umbral en la suspensión del acceso sin visado debido al incremento repentino de solicitudes de asilo, viajes ilegales o crímenes de importancia. El baremo está actualmente establecido en un incremento del 50%, pero los cambios propuestos tienen como objetivo descender a un 40%.
Para que los cambios propuestos se apliquen, deben votarse en una sesión plenaria del Parlamento Europeo y después negociarlo con el Consejo Europeo. Una vez que ambas partes estén de acuerdo, esta postura se considerará aprobada.
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